Baja inversión en salud afecta a la economía boliviana

Las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, así como también el bienestar social, se reducen por la insuficiente inversión en el sistema sanitario.

Condiciones precarias sanitarias en Bolivia I Fuente: eldiario.net

Carlos Andrés Torrico Monzón / Bolivia

06.04.2020


El coronavirus no solo demostró la fragilidad del modelo económico extractivista primario exportador boliviano y su dependencia a los precios internacionales de los hidrocarburos, sino que también evidenció profundas problemáticas en el sistema sanitario del país. Por lo tanto, es necesario analizar los fundamentos socioeconómicos, para considerar a la salud como una inversión que puede contribuir al crecimiento y desarrollo económico de Bolivia.


En primer lugar, se debe tomar en cuenta que los gobiernos afrontan siempre el reto de tomar decisiones sobre la distribución de los recursos, por definición limitados, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, con base en una serie de consideraciones, se reparte el Presupuesto General del Estado (PGE).


En ese sentido, actualmente, Bolivia destina solamente 6,8% de dicho presupuesto a la salud de los bolivianos, mientras que otros países de la región como Perú o Colombia invierten aproximadamente 15,6% y 18,3%, respectivamente, según el Banco Mundial. Esta entidad también afirma que países desarrollados destinan para el sistema sanitario entre 3 mil y 4 mil dólares por persona al año, en contraste en Sudamérica se invierte alrededor de 750 dólares per cápita. Entonces, en este punto, surge una clara pregunta: ¿por qué invertir en salud?


La salud, al igual que la educación, es un pilar fundamental para el desarrollo de los países que exige soluciones estructurales y no respuestas parciales o temporales, como por ejemplo transferencias directas (bonos) —que si bien son positivas en el corto plazo, no son seguras en el largo plazo—. Entonces, la salud debe ser una prioridad para los tomares de decisiones que deben entender las utilidades socioeconómicas de la inversión en el sistema sanitario nacional.


Igualdad de oportunidades: ha quedado claro, a través de un sinfín de ejemplos en todo el mundo, que al asegurar el acceso de calidad a los servicios de salud a la gente se incrementa la productividad, por ende, los ingresos de las familias.


Al contrario, la baja inversión en la salud supone para las familias pobres un dilema entre curar alguna enfermedad o la ruina económica. Particularmente, durante los primeros años de los niños, las familias necesitan un sistema confiable, capaz de combatir la desnutrición y empleo infantil que, hoy en día, son elementos clave para comprender la tasa de deserción escolar y, por lo tanto, las escasas oportunidades de encontrar un empleo digno.


Reducción de la mortalidad: al disminuir los índices de mortalidad materna, infantil y por enfermedades infecciosas, entonces, se incrementa la esperanza de vida de las personas. Este hecho provoca que los hogares ahorren e inviertan más. Además, los inversionistas extranjeros valoran la estabilidad del sistema de salud como un elemento clave para invertir en el país.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que los adultos enfermos suelen ser menos productivos, entonces, tienen menores ingresos y colaboran a generar una espiral de la pobreza. Igualmente, existe un efecto entre generaciones, pues, las familias cuyos padres están enfermos, suelen heredar condiciones precarias de vida.


Promoción de la ciencia: la investigación médica se puede impulsar, con el fin de generar no solamente nuevos conocimientos, sino también nuevas tecnologías. Sin perder de vista, la importancia de responder a problemáticas complejas nacionales —quizá mundiales— desde la ciencia.


Infraestructura y capital humano: la inversión en infraestructura para cuidar la salud y la promoción del empleo digno del capital humano es clave para la reducción de riesgos ante emergencias. Un claro ejemplo es la falta de personal y hospitales en Bolivia para atender los casos del Covid-19, en el caso de que exista una alta tasa de contagios, como sucede en países europeos, por mencionar un ejemplo.


Para finalizar, en los últimos días, se está debatiendo un proyecto de ley del “10% para salud”, sin embargo, no basta con incrementar la inversión en salud, sino que se debe atender a la problemática desde diferentes frentes, a través de un plan horizontal e inclusivo que contemple a todos los actores, desde los sabios tradicionales de las comunidades, pasando por las organizaciones especializadas, hasta el Gobierno y la sociedad civil.


En esa misma línea, algunas medidas económicas necesarias, en el corto plazo, serían: paquetes especiales económicos para sectores vulnerables; asistencia económica y técnica para dar respuesta, seguimiento y ayuda real a combatir enfermedades como el dengue; inversión en infraestructura especializada en todo el país, incluyendo las áreas rurales; destinar más recursos al capital humano, ciencia, investigación, entre otros; y, además, impulsar emprendimientos que desarrollen biotecnología, por ejemplo.


Los bolivianos deben recordar que la salud es un derecho humano y en la Constitución Política del Estado, en artículo 35, se dice: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos. II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Carlos Andrés Torrico Monzón es investigador y director del Círculo de Investigación en Estudios para el Desarrollo de Latinoamérica (CIED-Latinoamérica).


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