Jorge Bolaños
14 FEB 2019
Según el Banco Mundial, en la actualidad el 73 por ciento de los países de América Latina cuentan con estrategias de implementación de políticas de e-government (gobierno electrónico). Esto es evidencia de la enorme importancia que ha adquirido esta tendencia en el último tiempo. Al menos desde hace tres décadas, la utilización de herramientas digitales ha transformado los modos de ejercer la administración pública. Los gobiernos no pueden pasar por alto el enorme impacto que la revolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha tenido en la sociedad.
El cambio tecnológico ha afectado también a la economía privada, a través de la masificación del e-business (modelos de negocio en línea). Prácticamente cualquier producto o servicio puede ser contratado a través de Internet. La revolución de los dispositivos móviles ha acortado la brecha entre empresas y consumidores. Actualmente, ambos tienen a su disposición las mismas funcionalidades tecnológicas y pueden relacionarse en Internet en igualdad de condiciones.
La convergencia tecnológica está haciendo posible que tareas que antes eran altamente especializadas y requerían de condiciones materiales muy específicas, hoy en día puedan ser llevadas a cabo de manera más democrática y menos costosa.
En distintos grados, las instituciones de gobierno de los países de la región se encuentran un tanto rezagadas dentro de este proceso. Si bien el e-government ha ganado bastante terreno, todavía existen grandes obstáculos que perjudican su eficaz implementación. El síndrome del papel, la burocratización de procesos administrativos por el rechazo a la cultura digital, es uno de los principales.
Para ser aplicado de forma correcta, el e-government requiere de una transformación radical de las lógicas de funcionamiento del sector público y de las concepciones dominantes de la sociedad civil respecto al Estado. Las concepciones tradicionalistas consideran que el aparato estatal, más que una estructura institucional generadora de reglas, es una organización proveedora de bienes y servicios, y compradora de factores de producción (trabajo y capital).
Cuando se produce, el rechazo a la digitalización por lo general tiene que ver con una serie de miedos poco justificados: 1) el temor a que la automatización de procesos reduzca el tamaño de la burocracia estatal y elimine empleos, 2) el temor a que las tecnologías pasadas no puedan ser compatibilizadas con las tecnologías emergentes, 3) la desconfianza sobre la seguridad proporcionada por los servicios de almacenamiento de datos en la nube, 4) el temor a que las asimetrías en educación informática vayan a crear desigualdades dentro de los mercados de trabajo.
Resulta comprensible que las tecnologías dirigidas al ahorro de trabajo sean vistas como una amenaza para la inclusión social cuando se considera que el Estado es un agente económico que debe generar demanda de trabajo. Desde sus orígenes, la tecnología siempre ha sido objeto de críticas de naturaleza moral y social. Los temores a la digitalización provienen de un contexto normativo que ve el reajuste de las funciones estatales como una iniciativa que descansa sobre principios contrarios a los del empleo pleno.
Los países europeos que lideran el desarrollo de prácticas de gobierno digital (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Reino Unido, según la United Nations E-Government Survey), aun cuando dirigieron sus esfuerzos en gran medida a crear mejores condiciones para los negocios y la industria, también tuvieron como resultado mejoras en la inclusión social.
Para que las políticas de gobierno digital no deriven en asimetrías desde el punto de vista de la inclusión social y la democracia deliberativa (desigualdad en la capacidad para defender las posiciones de interés que uno posee), es necesario que simultáneamente se promueva desde la sociedad civil iniciativas para reducir la brecha digital entre grupos sociales.
A un nivel elemental, las destrezas básicas que los ciudadanos deben tener para beneficiarse de las políticas de gobierno digital son el manejo de Internet, el manejo de redes sociales, el procesamiento de texto y la digitalización de documentos. Una persona que ha alcanzado el nivel educativo superior encuentra pocas dificultades para hacer uso de las plataformas virtuales. Son las personas que sólo tuvieron acceso a la educación básica o pertenecen a generaciones que no se criaron con Internet (baby boomers y generación x) las que por lo general tienen problemas para realizar trámites, cuando la opción de hacerlo en persona ha sido suprimida. Las plataformas de gobierno digital no deberían ser demasiado complejas, deberían ser fáciles de comprender y tener siempre en cuenta las limitaciones que muchos sectores sociales tienen para hacer uso de la web, ya sea por razones educativas o generacionales.
Las limitaciones en la formación tecnológica de las personas son particularmente problemáticas en regiones como América Latina y África. Los bajos ingresos de la población y el limitado acceso a servicios digitales son un desincentivo para que las fuerzas gobernantes desarrollen planes de gobierno digital.
El e-government no es una línea de reforma con contenido puramente desarrollista o eficientista. Las agendas digitales apuntan no sólo a promover los negocios, sino también a mejorar la ciberserguridad, la participación ciudadana, fortalecer la libertad de prensa, la empleabilidad de la población económicamente activa y la seguridad social.
Para implementar políticas de e-government de forma efectiva, además de voluntad de los administradores políticos y ambiciosos programas de reforma, se necesita superar las concepciones tradicionalistas sobre el Estado, es decir, aquellas concepciones sociales según las cuales el beneficio marginal de cumplir las funciones administrativas empleando medios convencionales es superior al beneficio marginal de hacerlo usando las TIC.
La mayor parte de los temores respecto al gobierno digital están vinculados a la preocupación por su impacto en el empleo y la inclusión social. Los problemas de empleabilidad deberían ser enfrentados incorporando dentro de las agendas de digitalización programas de fortalecimiento del capital humano. Al mismo tiempo, es importante promover la educación digital para combatir el temor a que la migración digital cree asimetrías en la participación. En la medida en que se adopten enfoques orientados a la inclusión social y el bienestar, el impacto social de la gobernanza electrónica debería ser muy beneficioso.
Jorge Bolaños es comunicador con especialidad en finanzas y administración de empresas. Titulado de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), trabajó en organizaciones no gubernamentales como consultor. Es autor del blog Aldea Política y ciberactivista.