“Falsos positivos” en Colombia, la huella de la impunidad estatal

25 MAY 2019

Paula Balado Pérez

Ha pasado más de diez años desde la desaparición de Jaime Estiven. Nadie se imaginaba que, el 6 de febrero de 2008, sería la última vez que verían al muchacho por las calles de Soacha (departamento de Cundinamarca). Ni mucho menos que, meses más tarde, su cuerpo sería encontrado en una fosa común a más de 600 km de distancia en Ocaña (departamento de Norte de Santander).


Jaime es uno de los tantos jóvenes que cayeron en la trampa de, como decía éste a su madre María, “muchachos jóvenes con muy buena plata y muy bien vestidos”. (Sáez, 2018).


Jóvenes pertenecientes a barrios humildes de Soacha y Ciudad Bolívar (Bogotá), que no tenían buenas condiciones económicas ni grandes proyecciones laborales, fueron engañados por militares con promesas de obtener un trabajo y una vida más prospera. Poco sabían que, bajo esta idílica opción, estaban cavando su propia tumba.


El pasado agosto de 2018, la Fiscalía General del Estado entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe bajo el nombre “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en el que el número de vidas despojadas ascendía a 2248.


Parece que la cuestión sigue estando viva en el debate político. Con casi dos décadas de dolor y pocas esperanzas de acabar con la impunidad existente. ¿Qué es lo que ha permitido no caer en el olvido? ¿Por qué estos sucesos están en el punto de mira de la esfera política? ¿Tienen alguna repercusión en la implementación de la JEP?

Miles de vidas arrebatadas

Los “Falsos positivos en Colombia”, o también conocidos como ejecuciones extrajudiciales por el Derecho Internacional Humanitario, ha consistido en la desaparición y posterior asesinato, de forma sistemática, de miles de civiles inocentes.


Estas muertes fueron ejecutadas por las fuerzas militares del Ejército Colombiano quienes, bajo el incentivo de suculentas recompensas económicas, mataban indiscriminadamente a jóvenes de estratos bajos por los que, “nadie” con influencia, iba a reclamar. Una vez dados de baja, los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate, con el objetivo de mostrar a la sociedad, y a la comunidad internacional, que estaban luchando para acabar con la guerrilla de las FARC-EP (Mateo, 2013).


Este fenómeno comenzó a finales de la década de los 90, y experimentó su mayor auge durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Torrado, 2018), con su Política de Seguridad Democrática. Paradójicamente, éste contaba con el expresidente Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, a quien se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 2016.

En un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quedó reflejado que, durante los años 1997-2002, las desapariciones forzosas fueron 58 y las ejecuciones extrajudiciales 577. De 2002 hasta 2008, las desapariciones forzosas llegaron hasta 235 y las ejecuciones extrajudiciales a 955; cifras que, no dejaron de incrementarse durante 2010 (Rengifo, 2013).


No obstante, estudios de expertos y victimarios, estiman que las cifras podrían superar los 10.000 muertos, ya que muchos cadáveres se encuentran en situación de no identificados (Rojas y Benavides, 2017).


Las madres de Soacha, una lucha imparable

Las ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por el Estado colombiano tuvieron una mayor repercusión en Soacha. Ello se debe principalmente a la lucha constante de las Madres de Soacha; mujeres que, tomando como referencia el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, siguen a día de hoy reivindicando para que se esclarezca lo que ocurrió con sus hijos hace más de diez años.


Esta lucha, no exenta de amenazas, hostigamientos y sobornos, comenzó en septiembre de 2008, cuando madres como María Ubilerma, se dieron cuenta de la incongruencia presentada por el gobierno ante la muerte de sus hijos: “Si mi hijo desapareció el 6 de febrero y lo asesinaron el 8, ¿en qué momento pudo ser guerrillero?” (Sáez, 2018).


Su labor por la búsqueda de la verdad, la obtención de justicia y la reparación sigue en pie, y ha sido reconocida mundialmente con varios premios.


¿Justicia ordinaria o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

El caso de los “Falsos positivos” fue asumido, en un primer momento, por la justicia ordinaria. Veintiún militares fueron condenados en abril de 2017 a penas superiores a 37 años de prisión, por asesinatos que cometieron con diez años de antelación (Moreno y Valdés, 2018); esta dilación, apuntaba a una falta de transparencia en el proceso.


Un año más tarde, la JEP, presionada por la Corte Internacional de Justicia, asumió la competencia para esclarecer con prioridad estos sucesos. La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad abrió este caso, Caso 003, nombrado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (Moreno, 2018).

El 10 de agosto de 2018 se celebró la primera diligencia colectiva en esta jurisdicción transicional. Catorce militares, condenados a penas superiores a 40 años por la justicia ordinaria, compadecieron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, comprometidos a esclarecer la verdad y reparar a las víctimas a fin de obtener los beneficios de la JEP, entre ellos, la libertad condicionada (Moreno y Valdés, 2018).


Las Madres de Soacha se han opuesto reiteradas veces a que las muertes de sus hijos sean tratadas como crímenes del conflicto armado. Buscan que estos siniestros sean calificados como crímenes del Estado motivados por beneficios personales, y que asuman las consecuencias aparejadas a los mismos; es decir, que sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la JEP, al ser esta última un tribunal ad hoc establecido únicamente para tratar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.


“Nosotras no somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Ejército Nacional” (Moreno, 2018).


Desconfían obtener la plena verdad por la justicia transicional, alegando que el gobierno nunca se preocupó por ellas, y toda información que les ha llegado ha sido por terceras o cuartas personas. Esta realidad quedó reflejada en la diligencia colectiva del pasado 10 de agosto de 2018, a la que únicamente cinco madres fueron invitadas a compadecer.


Además, manifiestan que, desde el momento en que los altos cargos que ordenaron dichas ejecuciones no pasan por esta jurisdicción, toda la verdad, justicia y reparación queda menoscabada (Moreno, 2018).


Doble rasero de las objeciones de Iván Duque a la reglamentación de la JEP

Mientras que los miembros de la Fuerza Pública han prestado su consentimiento de acogerse a la JEP, concretamente 1944 agentes salpicados por 2586 casos (Torrado, 2018), parece que el gobierno de Iván Duque no es partidario de que ello salga adelante.


Esta oposición queda reflejada en el discurso manipulador que el Presidente lanza a la sociedad; haciéndola creer que, la única razón por la que la JEP todavía no está reglamentada, es la impunidad que concedería a las FARC-EP.


Sin embargo, el Presidente se ha olvidado de que la JEP no concierne únicamente a las FARC-EP, sino a todos los actores involucrados en la perpetuación de crímenes de lesa humanidad durante los más de cincuenta años de conflicto, incluida la Fuerza Pública.


¿Por qué el Presidente de Colombia está poniendo trabas a que se reglamente una de las piezas claves para que el proceso de paz siga adelante?


Según Gustavo Petro (opositor del actual gobierno), Iván Duque no quiere reglamentar la JEP porque su mentor y padrino político, Álvaro Uribe, tendría que pasar por la misma. Ya que, la plena verdad por parte de las fuerzas públicas, implicaría que de una vez el máximo responsable de las ejecuciones extrajudiciales, se enfrentase de una vez a la justicia (Cortazar, 2018).


Conclusión

Sentimientos antagónicos surgen alrededor del pilar básico para avanzar en el proceso de paz: la JEP. Con ello se refleja que Colombia, sigue estando gobernada por los intereses de una élite reducida, la cual antepone su bienestar al del conjunto del país.


No obstante, estos sucesos, ya no resultan indiferentes ante los ojos de buena parte de la sociedad colombiana, y la misma comunidad internacional. Gracias a la actividad reivindicativa de las Madres de Soacha, cada vez son más las personas y organizaciones internacionales (por ejemplo, Human Right Watch, (Lafuente, 2015), que denuncian el derramamiento de sangre perpetuado por el Estado colombiano.


La lucha por acabar con la impunidad de la oligarquía colombiana, la cual juega con los sentimientos del país, tiene mayor eco. Parece que el titiritero (en alusión a Álvaro Uribe) se topó con algún que otro títere rebelde, dispuesto a movilizar a los demás.


Bibliografía

Cortazar, J. (2018). ¿Por qué Uribe no quiere realmente a la JEP?

Lafuente, J. (24 de junio, 2015). HRW señala a los altos mandos militares por ejecuciones ilegales en Colombia. El País.

Mateo, R. (2013). La politización de la maternidad ante la impunidad en Colombia: El caso de las Madres de Soacha. Revista Internacional de Pensamiento Político, 8.

Moreno, J. (24 de julio, 2018). Falsos positivos, el caso 003 de la JEP. El Espectador.

Moreno, J. (10 de agosto, 2018). Que los altos mandos que ordenaron los falsos positivos se presenten a la JEP: Madres de Soacha. El Espectador.

Moreno, J. y Valdés, B. (10 de agosto, 2018). Militares de falsos positivos le darán la cara a la JEP. El Espectador.

Peñuela, C. (26 de octubre, 2011). Las Madres de Soacha no olvidan: exigen verdad, justicia y reparación. El Turbión.

Reginfo, E. (2013). Tesis: Impacto político y económico generado por falsos positivos de las fuerzas militares en Colombia durante el 2010. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.

Rojas, O. y Benavides, F. (2017). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Bogotá: USTA.

Sáez, A. (2018). Crónica de una paz incierta. Colombia sobrevive. Barcelona: Círculo de Tiza.

Torrado, S. (24 de julio, 2018). La justicia para la paz juzgará los “falsos positivos” en Colombia. El País.


Paula Balado Pérez es graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia (España). A lo largo de su carrera, ha realizado varias estancias en el extranjero, destacando su intercambio de estudios en el Colegio Europeo de Ciencias Políticas y Sociales (ESPOL), en Lille (Francia), y en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Belo Horizonte (Brasil). Actualmente, está cursando un máster a distancia en estudios de la Unión Europea a través del Instituto Europeo (Bilbao, España) y es asistente en dos proyectos europeos sobre renovación energética en la asociación Energy-Cities (Besançon, Francia).

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