26 FEB 2019
Luis Fernando Vera Riveros I Opinión
Todos tenemos ideas e ideales. Todos tenemos una concepción de ese mundo ideal, donde se encuentra la justicia.
Son muchos años e intentos por realizar cambios que mejoren la imagen de la justicia en Bolivia. Gobiernos, organizaciones públicas y privadas, así como expertos, han intentado proponer y plasmar reformas al sistema judicial, de tal manera que tengamos un Órgano Judicial confiable, eficiente, transparente e independiente.
Muchos de esos cambios han incidido en la estructura normativa, buscando siempre modernizar conceptos y procedimientos, aunque no siempre con razonable efectividad ni eficiencia.
Son innumerables los esfuerzos hechos para generar mejoras tangibles, porque de eso se trata, pues el ciudadano común debe saber y sentir que el sistema judicial cumple su función intrínseca y, en consecuencia, tener la certeza de que obtendrá “justicia”. Y no me refiero a que todos se sientan favorecidos por ella. Cuando Kelsen, siguiendo a Platón, se pregunta qué es la justicia, identifica a ésta con la felicidad de los seres humanos en sociedad. De esta manera, considera que no puede existir un orden justo que garantice a todos, la felicidad. Y esto es completamente lógico si aceptamos la idea de que la felicidad de uno, inevitablemente conlleva a la desdicha del otro.
La justicia es de interés para la sociedad en general y ahí radica la delicadeza en su tratamiento. Sin embargo, estoy convencido de que, para encontrar la solución, primero hay que comprender a cabalidad el problema.
Todos, de una u otra manera, buscamos la justicia. La sociedad en general, la necesita ansiosamente. Como afirmaba Rousseau, la justicia se encuentra en la sociedad natural, cuando el hombre por naturaleza buscaba el bienestar común; pero después del “contrato social” lo justo es lo que quiere el pueblo que busca el beneficio de todos.
Muchos intentos plasmados con inversiones importantes o ajustes en infraestructura, tuvieron resultados que no alcanzan a cubrir las expectativas. Una reforma con la dimensión que necesita la justicia, va mucho más allá.
Y aquí entra en discusión otro concepto fundamental: la moral. El principio fundamental de la moralidad, es precisamente la justicia, comprendida ésta, como la “aplicación escrupulosa de las normas que regulan las relaciones de los individuos o grupos de individuos en cuanto partes del todo social.” (Gustavo Bueno, “El sentido de la vida”, Pentalfa, Oviedo, 1996)
Quizás sea pertinente considerar que la justicia es parte de la moral, o al menos, ésta debería ser la base que sostenga cualquier sistema judicial. Dicho de otro modo, mientras no cambie el rumbo moral de todos los actores de la administración de justicia, donde deben incluirse a abogados, administradores de justicia en sí y ciudadanos en general, ninguna reforma normativa ni institucional resolverá los problemas de injusticia, corrupción extrema y clientelismo que nos caracteriza. La usual práctica de “dar y recibir” entre los Órganos del Estado, es un mal que, si no es arrancado, no podremos pretender un sistema judicial, sino perfecto, cuando menos, creíble. Y probablemente éste sea el problema mayúsculo con el que tropiezan las estructuras de este tiempo.
Todas las acciones de una persona en su aspecto individual y colectivo, son producto de su moral. Así, ésta es un producto de sus costumbres, su formación, su familia, su religión, su entorno en general. Por tanto, la moral, la justicia y el mismo derecho, aunque tienen sus propias características, están inevitablemente unidos. La moral construye el concepto de justicia. En tal sentido, es poco probable una verdadera reforma judicial sin una “reforma moral”.
Bolivia, es un país con inmensa riqueza histórica, cultural y costumbrista. Pero lamentablemente también es muy propenso a relegar la justicia y a sacar provecho de todo lo que pueda. La llamada viveza criolla, es la forma más elemental de corrupción en nuestra sociedad. Tenemos una tendencia a sentir admiración por aquél que burla las normas y al sistema en general. Por el contrario, se considera tonto o ingenuo al que actúa con honestidad. Y en eso consiste la moral social, en saber distinguir lo bueno de lo malo (por más inocente que pudiera parecer); en discernir qué debo y qué no debo hacer, pensando no solamente en mi bienestar, sino en el de la colectividad.
Hay algunos estudios que afirman que tiene su origen en la reacción de los indígenas y los mestizos frente a las normas y reglas impuestas por el colonialismo español, tales como las Leyes de Indias y las Reales Audiencias. Pero sin duda, es una costumbre que debe ser erradicada porque enaltece anti valores.
Más allá de parecer un simple nefelibata, soñando con una realidad completamente distinta, estoy convencido de que un cambio así, no solo es necesario, sino que es posible, pero que debe ser emprendido con decisión de manera inmediata.
Fernando Vera Riveros es abogado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y tiene un posgrado en Derecho penal. Es consultor y asesor de organizaciones internacionales.