Políticas públicas y equidad

Una mirada a la participación de las mujeres rurales de Nueva Escocia desde la economía basada en el conocimiento


20.06.20 I Análisis

Juan David Abella Osorio


Resumen

El objetivo de este artículo consiste en realizar una aproximación a los avances en materia de equidad desde la estrategia Canadiense de innovación, enfocándose especialmente en el instrumento de política dirigido a mejorar la inclusión de las mujeres rurales de Nueva Escocia, un grupo social doblemente vulnerable no solo por la discriminación histórica sino también por el rezago económico de esta provincia al interior de lo que se ha llegado a describir como la federación más descentralizada del mundo. Se concluye que si bien la política en cuestión presenta una propuesta novedosa para luchar contra la inequidad, dado el reforzamiento entre la búsqueda de diversificación económica, junto con una estrategia de incorporación de la mujer al paradigma de desarrollo CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), este tipo de programas aún son más la excepción que la regla en la agenda pública.

Fuente: Ontheworldmap.com

En el marco de la estrategia canadiense de innovación, el país parecía empezar a apostar por fórmulas más novedosas para mejorar el desempeño económico, al tiempo que atendía otros puntos de la agenda igualmente importantes como la diversificación, la actualización productiva y el abordaje del problema de inequidad, persistente desde hace años, especialmente en las brechas de género. Del repertorio de instrumentos vinculados en esta última temática se destaca la Política Pública para la Participación de las Mujeres Rurales de Nueva Escocia, no solo por su especificidad sino también por ser uno de las pocas referencias de inclusión de la mujer rural en el paradigma de desarrollo CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como apuesta para la equidad.


Dicho esto, tomando como base el informe final elaborado por Ann Manicom y Doreen Parsons, y el estudio del Centro para la Mujer en la Política y el Liderazgo Público sobre la inclusión de las mujeres en la Estrategia de Innovación del Canadá, este esfuerzo tratará de describir y analizar dicha iniciativa desde su calidad de política pública, teniendo en cuenta que la misma se ha ofrecido como una iniciativa oficial que busca mejorar la igualdad en el acceso al desarrollo de uno de los grupos más vulnerables (que además habita una de las regiones más pobres de la región del Atlántico), principalmente por medio del acceso a empleos vinculados a la vertiente CTIM y las nuevas tecnologías (Government of Canada, 2013).


Siguiendo las ideas de Dye y Jenkins, Michael Howlett (2003) señala que un buen punto de partida es entender la política pública como un proceso de decisiones interrelacionadas tomadas por el gobierno, relativas a la selección de metas y recursos, en correspondencia con una situación específica definida como problemática que se quiere resolver. Pues bien, según Miljan (2007), se debe ser consciente de que una "elección consciente" es parte vital de cualquier definición de política pública, por lo que cualquier análisis debe enfrentar cierta la ambigüedad dentro de los sistemas políticos democráticos, realizando una lectura tanto de los pronunciamientos oficiales, como de las acciones concretas, recordando que los hechos hablan más que las palabras.


La manera sugerida de resolver este desafío es teniendo en cuenta dos elementos clave de las políticas públicas: "un conjunto de acciones" y "el abordaje de un problema determinado o de problemas interrelacionados". Al respecto, es esclarecedora la definición de trabajo del profesor Raúl Velásquez (2009), que entiende la Política Pública como un proceso inclusivo de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por las autoridades públicas con la posible participación del sector privado, y que tiene por objeto resolver o prevenir una situación definida como problemática, que además forma parte de un entorno particular que podría modificar o mantener su naturaleza.


Algunos de estos elementos son oportunos para analizar los elementos y alcances de la Política Pública para la Participación de las Mujeres Rurales. Para empezar, se puede argumentar que se trata principalmente de un esfuerzo público iniciado por las autoridades de Canadá, que incluye incentivos y beneficios para las mujeres, y que además está en sintonía con el conjunto principal de acciones compiladas en el documento conocido como “Estrategia de Innovación del Canadá”, así como con el trabajo de órganos institucionales complementarios tales como la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, la Agencia de Oportunidades del Canadá Atlántico, así como la Ley Federal de Equidad en el Empleo, y el Plan de Equidad de Género (Rhymes, Armour, Nan, y Parsons, 2005; The Canadian Human Rights Commission, 2013).


En segundo término, sobre la cuestión de los problemas reconocidos, el informe de Manicom y Parsons identificó que el principal problema es que las mujeres rurales de Nueva Escocia son casi invisibles, en particular las marginadas por su ruralidad y por sus bajos ingresos, frente a su relevancia en el desarrollo económico del país y de la provincia. Este problema clave está ciertamente interrelacionado con un conjunto de otras cuestiones tales como: mayor disparidad de ingresos entre las zonas rurales y urbanas de Manitoba y Nueva Escocia, el débil rendimiento económico de las provincias marítimas, y la inexistencia de políticas continuas que combinen el crecimiento de la productividad y la compensación social (Rhymes, Armour, Nan, & Parsons, 2005); sumados a las singularidades implícitas de la "Nueva Economía", que también puede acarrear la "promoción" de estructuras y prácticas que van en detrimento de los más pobres.


En tercer lugar, es posible reconocer un "objetivo oficial amplio", asociado a este conjunto de problemas, que es la reestructuración de los programas y medidas sociales y económicas como parte de la estrategia del gobierno federal y provincial para mejorar la posición del Canadá en favor de la nueva economía. Con este objetivo, y aprovechando el desarrollo de la economía basada en el conocimientos, los poderes públicos (con cierta participación del sector privado) pretenden compensar las disparidades generales y de género, sin embargo también hay que advertir que este tipo de iniciativas siguen siendo extrañas en la agenda pública canadiense, no solo por su grado de especificidad, también por las pocos estudios sistemáticos que permitan evaluar el impacto del paradigma CTM en los programas de equidad de género y la empleabilidad rural.


Sin embargo, en términos generales, podemos argumentar que algunas de estas solicitudes y preocupaciones han sido escuchadas por las autoridades canadienses con mayor o menor eficacia. Como explican Brodie y Baker (2008), puede reconocerse que el país ya tenía una capacidad normativa basada en el género desde 1970 (con el Informe de la Comisión Real sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer - RCSW), iniciando un sólido programa legislativo reconocido como "uno de los más elaborados del mundo". En el caso de Nueva Escocia, la dirección de la mujer apareció en 1988 y se creó el Consejo Consultivo sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1988.


En conclusión, es posible afirmar que la estrategia Canadiense de innovación realiza algunos avances importantes en materia de equidad, destacándose entre el repertorio de iniciativas la Política Pública para la Participación de las Mujeres Rurales de Nueva Escocia, que propone mejorar la inclusión de este grupo vulnerable en el circuito de desarrollo mediante el acceso a empleos vinculados a la vertiente CTIM y las nuevas tecnologías. Ahora bien, aunque ella presenta una propuesta novedosa para luchar contra la inequidad, este tipo de programas aún son más la excepción que la regla en la agenda pública canadiense, dificultando un análisis más amplio, tanto de impacto como de efectividad, en el mediano y largo plazo. En consecuencia, se considera pertinente sugerir mayores esfuerzos no solo por entender las implicaciones de la economía basada en el conocimiento, también por constituir instrumentos cada vez más novedosos, con el fin de enfrentar la inequidad en sus diversas y complejas dimensiones.

Bibliografía

Brodie, J., & Bakker, I. (2008). Where are the Women? Gender Equity, Budgets and Canadian Public Policy. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.

Burgess, M. (1993). The Implications for Atlantic Canada of the failure of the Charlottetown Accord: A political economy perspective. The London Journal of Canadian studies, 31-41.

Government of Canada. (2013). Public Policy and the Participation of Rural Nova Scotia Women in the New Economy.

Howlett, M. (2003). Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.

Miljan, L. (2007). Public Policy in Canada. Toronto: Oxford University Press.

Rhymes, J., Armour, N., Nan, A., & Parsons, D. (2005). Public Policy and the Participation of Rural Nova Scotia Women in the New Economy. Recuperado de University of Guelph.

The Canadian Human Rights Commission. (2013). Employment Equity: the Employment Equity Act. Recuperado de The Canadian Human Rights Commission CHRC.

Velasquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. Desafíos, 149-187.


Sobre el autor

Juan David Abella Osorio es politólogo de la Universidad del Rosario, y Magister en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes (Colombia). Actualmente es becario del Helmut-Schmidt-Programme (HSP) del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), y adelanta estudios del Master in Development and Governance en la Universität Duisburg-Essen (Alemania). También ha sido becario del Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) del Gobierno de Canadá, del University of Alberta Research Experience (UARE), del Peace Research Institute Oslo (PRIO), y de la Embajada de Francia. Cuenta además con diversas publicaciones en las áreas de seguridad, cooperación internacional, desarrollo y construcción de paz. Es Investigador Internacional del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) y del Observatorio Regional ODS, adscritos a la Universidad de los Andes.

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