El pasado 29 de agosto, el ex número dos del grupo guerrillero de las FARC-EP, Iván Márquez, junto con otros disidentes, anunciaba sus pretensiones de retome de las armas y el comienzo de una segunda Marquetalia (lugar de nacimiento del movimiento de las FARC-EP en 1964).
09.09.19 I Opinión
Paula Balado Pérez
En paradero desconocido durante más de un año, el ex guerrillero ha manifestado su descontento contra la política opresora y violenta emprendida por el Estado. Pese haber formado parte de la mesa de negociación del último Acuerdo de Paz (2016), el ex comandante en reiteradas ocasiones y desde la clandestinidad, ha expresado su disconformidad con la dejación de las armas, considerándolo un “error”.
Este vídeo viral en toda Colombia, no ha dejado sin reacción a sus receptores. Grupos sociales, universidades y organismos internacionales entre otros, han manifestado sus preocupaciones ante la paz incierta y su apoyo a la continuación en la implementación de los acuerdos de paz. Asimismo, el partido que surgió del movimiento de las FARC-EP tras su transición a la legalidad y la vida política, ha lamentado y presentado su disconformidad ante la decisión unilateral tomada por el grupo disidente.
Iván Duque tampoco se ha quedado atrás. Desde la Casa de Nariño, el presidente colombiano ha mostrado su posición ante la sociedad colombiana. Catalogando como banda de narcoterroristas y criminales a la disidencia de las FARC-EP, promete robustecer sus esfuerzos de lucha contra los terroristas. A su vez, ofrece la “modesta cantidad” de tres mil millones de pesos, a quien proporcione cualquier información que conduzca a su captura.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, padrino del actual presidente, también se ha pronunciado, “Aquí no hubo paz, sino un indulto para responsables de delitos atroces. Colombia necesita una política de seguridad muy estricta”.
Ante tiempos tan frágiles, ¿es pertinente la reacción del máximo representante del país colombiano?
Primeramente, parece ser que el mandatario no ha aprendido de las experiencias pasadas. Con un discurso de lo más sensacionalista, las palabras terrorismo, narcotráfico y fuerzas militares cobran centralidad durante los cinco minutos de mensaje. Fiel a sus predecesores, su estrategia se centra en exaltar su capacidad de acción, mostrándose como la parte fuerte y respaldada por la Comunidad Internacional, e incitar al odio frente a los insurgentes.
Por otro lado, resulta irrisoria la atención prestada a la construcción y consolidación de una paz sólida y duradera. Iván Duque únicamente expresa su voluntad de continuar en su implementación como se ha hecho hasta el momento. Por tanto, convendría recordarle a su Presidencia en qué punto nos encontramos.
El Instituto el KROC, entidad encargada de verificar el estado de implementación del Acuerdo Final de Paz (según el punto 6 del mismo), emitió el pasado abril de 2019 su tercer informe sobre los avances y fallos en su puesta en marcha. Aunque la experiencia colombiana se encuentra adelantada en comparación a otras experiencias pasadas e internacionales (según su Matriz de Acuerdos de Paz), en este último informe la entidad refleja que tras la llegada al poder del actual presiente, el ritmo de implementación de los puntos acordados ha disminuido y únicamente el 23% de las disposiciones se han desplegado completamente. Además, reitera su preocupación hacia las pocas garantías de seguridad y protección que disponen los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y ex combatientes de las FARC-EP, y advierte de la necesidad de alcanzar una reforma rural integral en los territorios más afectados.
De este análisis, y sin exonerar a las FARC-EP, se constata la falta de voluntad política en poner en marcha políticas públicas que permitan superar la violencia existente. Esta falta, también se siente en el discurso del ex guerrillero Iván Márquez, quien señala a la “oligarquía excluyente y corrupta” como principal motor de la injusticia social.
Con todo ello, AHORA MÁS QUE NUNCA, necesitamos el apoyo de todos los sectores al proyecto de paz. A pesar de los recientes acontecimientos, las disidencias de las FARC- EP, no representan a la totalidad de los ex combatientes desmovilizados, únicamente un 10%. El volver a una Política de Seguridad Democrática, que se centre exclusivamente en la intensificación de las fuerzas militares y la lucha contra el narcoterrorismo, no haría otra cosa que poner más trabas al proceso de paz que ha costado tantos años de conseguir.
Paula Balado Pérez es graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia (España). A lo largo de su carrera, ha realizado varias estancias en el extranjero, destacando su intercambio de estudios en el Colegio Europeo de Ciencias Políticas y Sociales (ESPOL), en Lille (Francia), y en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Belo Horizonte (Brasil). Durante los cursos académicos 2019/2021, va a cursar un Máster Universitario Internacional en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), España.