Resumen
El objetivo de este artículo es realizar una reflexión razonada sobre el debate acerca de la construcción y promoción de la equidad, por medio del proyecto de una eventual gratuidad en la superior. Dando una especial atención a la evolución de las discusiones en Colombia, y teniendo en consideración los avances jurídicos más relevantes a nivel nacional e internacional, se presenta una comparación entre las distintas posiciones frente al proyecto, destacando no solo las disputas conceptuales y de política, sino también posibles puntos de encuentro que pueden eventualmente contribuir a una renovación del debate, y conducir hacia un mayor progreso en la materia.
20.07.20 / Análisis / Juan David Abella Osorio / Colombia
Según la OCDE, la educación desempeña un papel principal en la determinación de las condiciones de vida durante la vida adulta, por lo que un nivel de educación superior es sinónimo de mayores ingresos, mejor salud y una vida más larga. El Gobierno británico ha dicho que los primeros años de un niño y la educación tienen una profunda influencia en sus oportunidades de vida (Grupo Interministerial sobre Igualdad-Reino Unido 2010), sin embargo, ambos coinciden no sólo en los altos costos financieros incluidos, sino también en el hecho de que las personas que no están capacitadas para participar social y económicamente generan mayores costos para la sociedad en las áreas de ingreso y bienestar social, debilitando a la larga los sistemas de seguridad social.
Para sortear este problema, la OCDE (2008) recomienda la construcción de un sistema justo e inclusivo que ponga las ventajas de la educación al alcance de todos, como una de las herramientas más poderosas para hacer la sociedad más equitativa.
Pues bien, el verdadero reto consiste en encontrar fórmulas y políticas públicas para construir ese sistema en el contexto moderno de los países en vías de desarrollo como Colombia. De acuerdo con la organización internacional independiente "The Equal Rights Trust" o ERT, una de las mayores dificultades es que si bien la garantía de acceso y disfrute de la educación, sin discriminación, está protegida por diversos tratados internacionales de derechos humanos y legislaciones nacionales, las obligaciones pertinentes asumidas por los Estados se limitan a menudo a la educación primaria y secundaria (Ruebain y Paixão, 2012), dejando la educación superior a merced del propio esfuerzo de las familias, de préstamos onerosos, de la ayuda y voluntad privada, o incluso de la filantropía y la caridad.
En Colombia, a partir de las discusiones de la Constitución de 1991, hemos entrado en la ola del debate público sobre la mejor política para construir la igualdad en el acceso a la educación superior como una forma de luchar contra los desastrosos efectos de la desigualdad, en el tercer país más desigual del mundo, según la ONU (y solo es superado por Haití y Angola) (PNUD, 2013).
Factores como la agudización de la crisis financiera, las inquietudes sobre la calidad al interior de las instituciones públicas de educación superior, el alto desempleo entre los jóvenes, y la visión pesimista sobre el futuro, en un mundo arrastrado a una carrera competitiva por el talento global (The Globe and Mail 2013), ha llevado al país a una confrontación entre dos formas mutuamente excluyentes de pensar sobre la mejor manera de lograr un sistema justo e inclusivo, que ponga las ventajas de la educación superior al alcance de todos.
Las dos grandes posiciones en este debate están divididas alrededor de la Ley 30 de 1992, que estableció el sistema de educación pública superior en Colombia, pero el conflicto de opiniones estalló en 2011, cuando después de una gran protesta que incluía el cese de las actividades dentro de las Universidades públicas, el gobierno decidió retirar el proyecto de enmienda de la Educación Superior (Ley 211 de 2011).
La movilización estudiantil mostró ampliamente el rostro de los dos contradictores: por un lado, los amplios sectores de la comunidad universitaria (especialmente los estudiantes en torno a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil o MANE) (Arango, 2011); y, por otro lado, el oficialismo y la coalición entorno a la denominada “Unidad Nacional” dentro del Congreso.
Por primera vez en nuestra historia como país, la voluntad de un gobierno de afectar un derecho constitucional, ha producido la creación de una plataforma principal de acciones, reacciones y propuestas capaz de incluir a la mayoría de los estudiantes de Colombia bajo una misma bandera o discurso (una ley alternativa en realidad), que puede ser enunciada en cuatro puntos centrales:
- Gratuidad para mejorar el acceso y la cobertura.
- Bienestar para contrarrestar la deserción.
- Mejorar la calidad frente a la brecha fiscal.
- Asegurar una mayor autonomía de las universidades.
Desde el punto de vista de la MANE, la construcción de la igualdad debe pasar por la idea de la "matrícula cero", porque los costos son el mayor obstáculo para aumentar el acceso a la educación superior, y simplemente la idea de poner "cuotas" es una violación al derecho constitucional a la educación (Liévano, 2013).
Por otro lado, el gobierno, desde 1992, ha adoptado la política estatal de mantener la educación superior en una base menos regulada, pero asumiendo algunos controles sobre las instituciones. Para el Estado colombiano existe la obligación de dar educación gratuita en los primeros niveles (educación primaria y secundaria) dentro de las instituciones públicas, pero hay algún contenido dentro de las leyes nacionales o en los tratados internacionales de derechos humanos que obliga al Estado a dar la educación superior, de manera gratuita, a todos los ciudadanos (Congreso Constitucional de Colombia, 1993).
Mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos (adoptada y proclamada en 1948) establece en su artículo 26 que "la educación debe ser gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y la educación superior debe ser igualmente accesible a todos, sobre la base de mérito" (Naciones Unidas 2014), sólo el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito económico, de los derechos sociales y culturales (llamado "Protocolo de San Salvador") señala en su artículo 13 que "la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita" (OEA, 2012).
Sin embargo, el Gobierno se reserva el derecho de formular cualquier reserva a una o más disposiciones específicas del Protocolo, cuando no sean incompatibles con el objeto y el propósito del propio Protocolo y se reserva el derecho de adaptar el contenido de acuerdo con la legislación nacional (Congreso de Colombia 1944; Organización de los Estados Americanos OEA, 2012).
Incluso cuando estas dos posiciones son coherentes con la OCDE, y ambas consideran que la construcción de un sistema justo e inclusivo que ponga las ventajas de la educación superior al alcance de todos es una de las herramientas más poderosas para hacer la sociedad más equitativa, la mejor manera para lograr esta meta según el gobierno no es un sistema de "tasa cero".
Por el contrario, la mejor manera es proporcionar mecanismos financieros que permitan el acceso a la educación superior a todas las personas que reúnan los requisitos necesarios, protegiendo al mismo tiempo a aquellas personas cuyas condiciones en materia de salud económica, física o mental las debilitan, castigando cualquier abuso en su contra (Consejo Nacional de Educación Superior CESU-Gobierno de Colombia, 2014).
Con la irrupción del COVID-19, que augura “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita” (Banco Mundial, 2020), además de la “la peor crisis de salud en 100 años” (de la Cruz & Nuñez, 2020), las discusiones sobre los planes de estabilización y reactivación económica pueden significar la reactivación del debate sobre la educación superior, e incluso pueden insuflar nuevas energías que motiven avances hacía visiones de política más progresistas, que se dirijan a mejorar el acceso mediante fórmulas graduales de gratuidad o de mayor flexibilidad financiera. Sobra decir lo esencial y poderosa que puede resultar la educación superior para las sociedades, a la hora de superar grandes catástrofes como la que estamos sufriendo hoy día.
Bibliografía
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Sobre el autor
Juan David Abella Osorio es politólogo de la Universidad del Rosario, y Magister en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes (Colombia). Actualmente es becario del Helmut-Schmidt-Programme (HSP) del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), y adelanta estudios del Master in Development and Governance en la Universität Duisburg-Essen (Alemania). También ha sido becario del Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) del Gobierno de Canadá, del University of Alberta Research Experience (UARE), del Peace Research Institute Oslo (PRIO), y de la Embajada de Francia. Cuenta además con diversas publicaciones en las áreas de seguridad, cooperación internacional, desarrollo y construcción de paz. Es Investigador Internacional del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) y del Observatorio Regional ODS, adscritos a la Universidad de los Andes.