24 JUL 2019 I Análisis
Paula Balado Pérez
¿Avanzando en la lucha contra el cambio climático en Colombia?
Apariencia vs realidad. El caso de La Guajira.
El pasado 27 de mayo el presidente de Colombia, Iván Duque, ratificaba con su homólogo peruano, Martín Vizcarra, una Declaración Conjunta en Lima por la que ambos países se comprometían a aunar sus esfuerzos en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y, por ende, potenciar el desarrollo.
Entre los puntos recogidos en esta Declaración, se hace un especial hincapié a la lucha contra la deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático y minería ilegal, siendo amenazas comunes para ambos países en sus más de 1.600 kilómetros de frontera compartida en la Amazonía (Cancillería de Colombia, 2019).
Esta ratificación por parte del gobierno colombiano suscita pensar que, aparentemente, existe un verdadero compromiso nacional con la mitigación del cambio climático y un desarrollo minero-energético con altos estándares de responsabilidad.
No obstante, a unos 1.782 kilómetros de Leticia, capital del departamento del Amazonas colombiano, encontramos Riohacha, ciudad principal de La Guajira. Dicha región, pese a ser rica en recursos naturales, es una de las más afectadas por el cambio climático.
Aparte de las condiciones naturales del territorio (semidesértico, con escasas precipitaciones y fuertes vientos), dos son los principales factores que han ocasionado los elevados grados de vulnerabilidad a los que se exponen sus habitantes (principalmente indígenas, campesinos y afrodescendientes). Uno es la ausencia estatal en el territorio y el otro, la incidencia de la industria minera con sus políticas extractivas desde la década de los años 80 (Forum Syd, 2016).
Concretamente, en este departamento, se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina (la segunda en todo el mundo), El Cerrejón, cuya actividad repercute directamente en la vida de sus habitantes. Frente a la negación de trabajadores y altos mandos de El Cerrejón, la muerte de miles de personas y las enfermedades contraídas (Prensa Cajar, 2018), son consecuencia directa de las partículas tóxicas de polvo liberadas en las explosiones diarias de carbón que genera la mina. Además, esta mina emite gases, genera un impacto ruidoso y provoca vibraciones en la tierra. (Rodríguez, 2015).
Desde su implementación, el Estado colombiano no ha elaborado ningún estudio sobre los efectos que la actividad minera puede ocasionar en la salud de las personas, ni ha invertido en hospitales para atender a las víctimas (Boersma, 2017). Paradójicamente, ello no se debe a la falta de recursos. Los informes reflejan que la actividad minera tiene una capacidad extractiva de unos 30 millones de toneladas de carbón al año (exportadas en su mayoría), y hasta su puesta en marcha, ha generado más de 500 millones de toneladas de carbón, representando el 40,5% de las exportaciones colombianas (García, Múnera, Cuenca, Giraldo, Llorente y Álvarez, 2016). El PIB de la región ha aumentado, siendo mayor al de la media nacional.
“La Guajira es el tercer departamento de Colombia que recibe mayor cantidad recursos por cuenta de las regalías. Pero esos recursos de regalía no son invertidos en satisfacer los problemas de la población” (Villalba, 2015).
Activistas sociales, entre ellos Ruth Chaparro (galardonada con el Premio Bartolomé de las Casas), a fin de hacer visible esta realidad, manifiestan que “La Guajira no es pobre, lo que la hace pobre, es la corrupción administrativa.” Advierten de que el cambio climático es una realidad, y tanto El Cerrejón como el Estado, son los motores de su aceleramiento (Gutiérrez, 2017).
La acuciante contaminación ocasionada por esta mina, no sólo afecta a la salud de las personas, sino también a sus fuentes de subsistencia (ganadería, pesca, agricultura y artesanía). Los pueblos originarios, entre ellos los Wayuu o guajiros, se consideran víctimas de un engaño del que el Estado colombiano ha sido cómplice; ya que, las promesas de mejora tras la llegada de la mina, se perdieron por el camino. “Antes se respiraba paz, armonía y placer. Teníamos todo. Todo se cultivaba, y si teníamos sed, íbamos al arroyo. Éramos autónomos” (Coronado, 2017).
Los problemas medioambientales, no son los únicos males que padecen los pueblos originarios de este territorio. La corrupción, los desplazamientos forzados, el desarraigo y la ruptura del tejido social están a la orden del día. Los datos hablan por sí solos: “El 87% de los desplazamientos fueron causados en municipios aledaños a explotaciones mineras y 80% de las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia también se presentaron en zonas de municipios donde habría explotación minera industrial de multinacionales” (Correa, 2018).
Ejemplo de ello, es el desalojo forzoso que sufrieron los habitantes de Tabaco en 2001, quienes perdieron su cultura e identidad (Hernández, 2018), y todavía hoy, siguen exigiendo que tanto las tres multinacionales copropietarias de El Cerrejón, como el Estado colombiano, respondan por haber destruido su comunidad. Denuncian que, no existe ética cuando se trata de expandir la actividad minera. Ello también se aprecia en el desvío de fuentes, como el río Ranchería y sus arroyos, principal cuerpo de agua de la zona del cual se beneficiaban miles de indígenas y animales.
El documental “El río que se robaron”, elaborado por el periodista colombiano Gonzalo Guillén y aceptado como prueba judicial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el litigio contra el Estado de Colombia, refleja el exterminio silencioso de los Wayúu como consecuencia directa de la privatización del río Ranchería (Radio Macondo, 2015).
Chocantemente, pocas veces, estos problemas han estado presentes en la agenda política colombiana, y mucho menos, su situación es conocida internacionalmente.
¿Es la Declaración alcanzada junto con Perú una oportunidad para tener presente La Guajira en esta lucha?
Si bien es demasiado pronto para evaluar la implementación de las medidas contempladas en la misma, la respuesta parece negativa. Aparentemente, el único foco del gobierno colombiano, es el territorio de la Amazonía, dada su relevancia en el panorama internacional y las recientes presiones por activistas ecológicos nacionales e internacionales.
Aparte de las pretensiones de expansión de la actividad minera (Forum Syd), tampoco hay que olvidarse de la ventana abierta al fracking que deja el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022, aprobado por el Congreso de la República el pasado 3 de mayo. En su página 642, se concede al Ministerio de Minas y Energía el poder estudiar la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales (Gómez, 2019). Un estudio realizado por la Universidad de los Andes reafirma que, la escasez del agua, no es tenida en cuenta en la región: “el fracking supondría la extracción entre 2,5 y 7,5 millones de agua” (Hernández, 2019).
Finalmente, los datos y hechos presentados, reflejan como el compromiso de luchar contra el cambio climático del actual gobierno colombiano, carece de una visión integral que abarque todo el territorio. Activistas, cooperantes y los propios afectados, manifiestan que, más allá de las denuncias por la vulneración de los derechos humanos, es necesario la construcción de una ética conjunta, en la que se reformulen las políticas mineras teniendo en cuenta las características y necesidades de las comunidades afectadas, y que se establezcan medidas de seguimiento a fin de evitar el menoscabo de sus derechos.
Advierten que este asunto no concierne únicamente a las instituciones nacionales. La comunidad internacional, concretamente los fondos de pensiones suecos (destaca el fondo AP-Fonderna y la empresa eléctrica Vattenfall) quienes invierten unos 3,2 billones de euros en esta industria minera (Gómez, 2015), así como la Unión Europea, con el acuerdo de libre comercio con Colombia, juegan un papel importante en la redefinición de las dinámicas de la industria minera.
BIBLIOGRAFÍA
Boersma, Y. (2017). El Cerrrejón: una mina cada vez más insoportable para sus vecinos. Pacifista.
Cancillería de Colombia (2019). Hoy podemos decir que Colombia y Perú están unidos en el propósito integrador de la región”: Presidente Iván Duque en declaración conjunta desde Lima.
Coronado, S. (2017). Documental Las Huellas del Cerrejón.
Correa, M.J. (2018). Impacto socio-económico de la minería en el Cesar, Guajira y Magdalena. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, 10, 20.
Forum Syd (2016). La mina de carbón de Cerrejón en Colombia.
García, M., Múnera, L., Cuenca, T., Giraldo, F., Llorente, A., y Álvarez, P. (2016). Informe especial. Minería, conflictos agrarios y ambientales en el sur de La Guajira. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Gómez, A. (2015). La tragedia del carbón en La Guajira se denuncia en Europa. El turbión.
Gutiérrez, I. (2017). Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua. Eldiario.es.
Hernández, E. (2018). Minería y desplazamiento: el caso de la multinacional Cerrejón en Hatonuevo, La Guajira, Colombia (2000-2010), “Nuestra tierra es vida”. Revista de Ciencia Política, 13, 26.
Hernández, S. (2019). Duque hará fracking en la Guajira: acabará con la poca agua que hay. PluralidadZ.
Prensa Cajar (2018). Documental enfermedades de los niños Wayuu por la explotación de carbón a cielo abierto de la mina El Cerrejón.
Radio Macondo (2015). Exterminio en Colombia: privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas. BIODIVERSIDADLA.
Rodríguez, F. (2015). La desviación del rio Ranchería. ¿Un crimen de lesa humanidad? Extractivismo en Colombia.
Villalba, G.E. (2015). Minería irresponsable en El Cerrejón y efectos sobre la nación Wayuu: una perspectiva para la justicia internacional de los derechos humanos. Universidad Militar Nueva Granada.
Paula Balado Pérez es graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia (España). A lo largo de su carrera, ha realizado varias estancias en el extranjero, destacando su intercambio de estudios en el Colegio Europeo de Ciencias Políticas y Sociales (ESPOL), en Lille (Francia), y en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Belo Horizonte (Brasil). Actualmente, está cursando un máster a distancia en estudios de la Unión Europea a través del Instituto Europeo (Bilbao, España) y es asistente en dos proyectos europeos sobre renovación energética en la asociación Energy-Cities (Besançon, Francia).